La Junta de Andalucía anunció, hace meses, que mantendría abiertos durante los meses de verano los comedores de algunos centros escolares para los niños y niñas en cuyos hogares se atraviesen dificultades económicas. Hace poco, la Defensora del Pueblo recomendaba esta medida y el Gobierno anunciaba una partida presupuestaria destinada a colaborar en esta política. Como no puede ser de otra forma, apoyamos esta acción anunciada por la Junta de Andalucía y seguida por el Gobierno central.
Nos ha llamado la atención las reacciones de rechazo dentro del PP y sus argumentos crueles y terribles. El argumento más utilizado para oponerse a abrir los comedores escolares es que “genera excesiva visibilidad” a estos problemas y “discriminación”. Es decir, el problema no es que exista pobreza infantil o casos de desnutrición en menores, sino que esto sea apreciable por la ciudadanía. Mientras esto ocurra en los hogares y su repercusión no sobrepase el círculo más íntimo del menor no hay problema alguno. Avisan de que la visibilidad del problema dará lugar a discriminación. Pero lo que discrimina es el hambre y no su visibilidad.
Según el Instituto Nacional de Estadística la pobreza infantil alcanza al 31,9% de los menores de 16 años. Esto no es fruto del azar, es un problema de desigualdad. Un problema con la redistribución de riqueza que hace que la brecha entre los que más tienen y los que menos cada vez sea más amplia. La solución: políticas redistributivas de la riqueza, es decir, lo contrario de lo que hace el Gobierno central.
De las primeras cosas que hizo el PP al llegar al Gobierno fue una reforma laboral que abarataba (aún más) el despido y apostaba por una creación de empleo basada en la precarización de los puestos de trabajo. El crecimiento no ha llegado, pero la precariedad laboral avanza hasta el punto de que tener un trabajo no es garantía de no encontrarse en una situación de pobreza.
Ha atacado sin piedad los pilares de nuestro Estado del Bienestar. Ha puesto en cuestión la educación pública: hace unos días la Secretaria de Estado del ramo hablaba de la posibilidad de pasar de un sistema de becas a uno de préstamos. Porque no olvidemos que no están en contra de que todos podamos acceder a estudios superiores, sólo de que accedamos aquellos que no contemos con suficientes recursos. En cuanto a la sanidad, además de retirar muchos medicamentos del sistema de financiación pública, el propio Tribunal Constitucional les ha tenido que parar los pies con el euro por receta impuesto en algunas Comunidades Autónomas como Madrid. Y el Gobierno central se ha desatendido de la dependencia: hoy día el sistema es sostenido en nuestro caso por la Junta de Andalucía. En Comunidades Autónomas como la Comunidad Valenciana no hay ni rastros del sistema.
Esto es lo que discrimina y no la apertura de comedores escolares. No cabe duda de que esa no es la solución pero sí es un mecanismo de lucha en el marco de una situación excepcional como la que vivimos. Hay quienes alegan que esta labor ya la realizan otro tipo de entidades. Pero es que una alimentación suficiente debe ser un derecho inherente al ser humano y sobre todo de los niños. La fantástica labor de esas entidades debe ser elogiada pero deben ser las Administraciones Públicas quienes lo garanticen. No pueden dejar caer todo el peso de esta gran responsabilidad sobre organizaciones privadas. Sin duda, es más fácil adoptar la postura de Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid “No hay un problema de desnutrición”. Pero nuestro compromiso con la ciudadanía no nos permite negar un problema evidente. Preferimos poner soluciones.
Por lo expuesto, desde Juventudes Socialistas de Dos Hermanas apoyamos la apertura de los comedores escolares a la vez que llamamos a los poderes públicos a implantar las políticas necesarias para que, a través de la redistribución de la riqueza, la ciudadanía cuente con recursos suficientes para gozar de una vida digna y plena. No olvidemos que nuestra primera meta debe ser la igualdad de todas las personas.
La Junta de Andalucía anunció, hace meses, que mantendría abiertos durante los meses de verano los comedores de algunos centros escolares para los niños y niñas en cuyos hogares se atraviesen dificultades económicas. Hace poco, la Defensora del Pueblo recomendaba esta medida y el Gobierno anunciaba una partida presupuestaria destinada a colaborar en esta política.
Como no puede ser de otra forma, apoyamos esta acción anunciada por la Junta de Andalucía y seguida por el Gobierno central. Nos ha llamado la atención las reacciones de rechazo dentro del PP y sus argumentos crueles y terribles. El argumento más utilizado para oponerse a abrir los comedores escolares es que “genera excesiva visibilidad” a estos problemas y “discriminación”. Es decir, el problema no es que exista pobreza infantil o casos de desnutrición en menores, sino que esto sea apreciable por la ciudadanía. Mientras esto ocurra en los hogares y su repercusión no sobrepase el círculo más íntimo del menor no hay problema alguno. Avisan de que la visibilidad del problema dará lugar a discriminación. Pero lo que discrimina es el hambre y no su visibilidad.Según el Instituto Nacional de Estadística la pobreza infantil alcanza al 31,9% de los menores de 16 años.
Esto no es fruto del azar, es un problema de desigualdad. Un problema con la redistribución de riqueza que hace que la brecha entre los que más tienen y los que menos cada vez sea más amplia. La solución: políticas redistributivas de la riqueza, es decir, lo contrario de lo que hace el Gobierno central. De las primeras cosas que hizo el PP al llegar al Gobierno fue una reforma laboral que abarataba (aún más) el despido y apostaba por una creación de empleo basada en la precarización de los puestos de trabajo.
El crecimiento no ha llegado, pero la precariedad laboral avanza hasta el punto de que tener un trabajo no es garantía de no encontrarse en una situación de pobreza. Ha atacado sin piedad los pilares de nuestro Estado del Bienestar. Ha puesto en cuestión la educación pública: hace unos días la Secretaria de Estado del ramo hablaba de la posibilidad de pasar de un sistema de becas a uno de préstamos. Porque no olvidemos que no están en contra de que todos podamos acceder a estudios superiores, sólo de que accedamos aquellos que no contemos con suficientes recursos.
En cuanto a la sanidad, además de retirar muchos medicamentos del sistema de financiación pública, el propio Tribunal Constitucional les ha tenido que parar los pies con el euro por receta impuesto en algunas Comunidades Autónomas como Madrid. Y el Gobierno central se ha desatendido de la dependencia: hoy día el sistema es sostenido en nuestro caso por la Junta de Andalucía.
En Comunidades Autónomas como la Comunidad Valenciana no hay ni rastros del sistema.Esto es lo que discrimina y no la apertura de comedores escolares. No cabe duda de que esa no es la solución pero sí es un mecanismo de lucha en el marco de una situación excepcional como la que vivimos. Hay quienes alegan que esta labor ya la realizan otro tipo de entidades. Pero es que una alimentación suficiente debe ser un derecho inherente al ser humano y sobre todo de los niños. La fantástica labor de esas entidades debe ser elogiada pero deben ser las Administraciones Públicas quienes lo garanticen. No pueden dejar caer todo el peso de esta gran responsabilidad sobre organizaciones privadas.
Sin duda, es más fácil adoptar la postura de Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid “No hay un problema de desnutrición”. Pero nuestro compromiso con la ciudadanía no nos permite negar un problema evidente. Preferimos poner soluciones.Por lo expuesto, desde Juventudes Socialistas de Dos Hermanas apoyamos la apertura de los comedores escolares a la vez que llamamos a los poderes públicos a implantar las políticas necesarias para que, a través de la redistribución de la riqueza, la ciudadanía cuente con recursos suficientes para gozar de una vida digna y plena. No olvidemos que nuestra primera meta debe ser la igualdad de todas las personas.
