La Declaración Universal proclama que toda persona tiene los mismos derechos humanos y libertades, sin distinción alguna. La situación a la que las políticas del gobierno están abocando a gran parte de la ciudadanía, especialmente a la más vulnerable, convierte al Estado español en violador de estos derechos. Los resultados afectan más gravemente a las personas enfermas de VIH/SIDA en una situación socio económica precaria, a las usuarias de drogas, a las privadas de libertad, a las desempleadas, a las mujeres discriminadas, a las familias expulsadas de sus casas y a otros colectivos ya atacados antes de la crisis y ahora llevados al límite.
El copago de medicamentos perjudica de una manera especial a las personas afectadas por el VIH/SIDA que viven situaciones económicas y sociales más extremas. Desde la década de los ochenta, 40 millones de personas han fallecido a causa del VIH y hoy día conviven con esta enfermedad más de 36 millones de personas. El 40% de la población española que está infectada no lo sabe.
Muchas de las medicinas de copago las necesitan para tratarse de otras enfermedades menores, las llamadas “oportunistas”, asociadas al propio VIH/SIDA. Por falta de dinero, muchas personas abandonan los tratamientos, lo que provoca un deterioro de salud que acaba en ingresos hospitalarios, que sí suponen un elevado gasto evitable. Gasto que a su vez es la única excusa que pone nuestro Gobierno para justificar sus continuados recortes. Personas afectadas por enfermedades graves cercanas al VIH/SIDA, como cáncer, hepatitis o coinfección, se enfrentan ahora a mayores dificultades para acceder a medicamentos específicos que antes recibían sin gasto en las farmacias de los hospitales y que ahora se pretende se cobre a nivel de todo el Estado, aunque el Gobierno Andaluz ha dado su negativa al respecto.
Las personas migrantes y la ciudadanía española sin documentación quedaron excluidas del sistema público de salud, al que únicamente pueden acudir por la puerta de urgencias, bajo la amenaza de tener que pagar una factura imposible de afrontar para sus bajas o inexistentes economías. Esta marginación provoca nuevos riesgos para la salud pública al dejar fuera de control sanitario a muchas personas que pueden enfermar debido a la marginación en la que las sitúan.
Las ONGs que trabajamos con adicciones y VIH/SIDA seguimos sufriendo por parte de las Administraciones Públicas reducciones drásticas o la supresión en su totalidad de subvenciones para programas de prevención, atención y reducción de daños y riesgos. Esto podría suponer la desaparición de muchas de nuestras entidades y echar por tierra más de 30 años de trabajo coordinado entre las Administraciones y el movimiento asociativo de base comunitaria, siendo éste el único método que ofrece resultados positivos en el abordaje de los problemas asociados entre poblaciones marginalizadas o en riesgo. Datos estadísticos de los últimos meses evidencian que el número de nuevas infecciones por VIH vuelve a aumentar después de años de caída.
Los recortes afectan especialmente a las personas con problemas de drogas y otras adicciones por la disminución de los recursos de Ayuntamientos, Gobiernos Autonómicos y Gobierno Central, para programas, tratamientos e investigación. No podemos obviar que mueren anualmente en el mundo por drogas ilegales 253.000 personas.
Desde ANTARIS reivindicamos una política de reducción de riesgos y de daños que asuma la realidad de todos los consumos, en especial los problemáticos, como primer paso para prevenirlos y paliarlos.
Las personas con problemas de drogodependencias, privadas de libertad con enfermedades mentales, las prostituidas, las niñas y los niños, las personas mayores, y otros sectores de poblaciones especialmente desfavorecidas, son víctimas de la progresiva desaparición de servicios y recursos sociales intermedios, lo que hace retroceder su atención a situaciones propias de mediados del siglo pasado. El derecho al trabajo, vivienda digna, igualdad de oportunidades, educación, salud, etc. del que la crisis especulativa priva a millones de compatriotas, están cada vez más lejos de las personas que lo necesitan, siendo estos derechos un paso imprescindible para una incorporación social efectiva y real.
La nueva ley de seguridad ciudadana y la reforma del Código Penal asestan tremendos hachazos al ejercicio de las libertades individuales y colectivas. Tipifican como delitos, fuertemente sancionados y penados, comportamientos como el mero consumo personal de drogas. Frente a ello, ANTARIS defiende la despenalización del consumo y un nuevo planteamiento alternativo a la “guerra contra las drogas” que cuesta más vidas de las que salva y no resuelve los problemas de los consumos dañinos. La población penitenciaria, de la cual el 80 por ciento cumple penas relacionadas con las drogas, verá drásticamente recortados sus derechos con el retorno de conceptos como el de “peligrosidad” que puede condenarles de por vida a la condición de “presuntos delincuentes” y endurece las condiciones de acceso a medidas alternativas, permisos o inserción social.
El Gobierno está tratando de neutralizar cualquier forma de protesta o denuncia pública con limitaciones de derechos como el de reunión y manifestación que recuerdan los tiempos del franquismo.
Pretenden silenciar a la sociedad civil que está reaccionando ante los abusos de un sistema que desprecia a las personas “innecesarias” para sus planes, y lo único que les interesa son los beneficios económicos y la productividad de éstas.
Estas políticas de recorte son realmente producto de una ideología que desprecia lo público en favor de los intereses del gran capital y sus cómplices gubernamentales. Reducir lo público a los mínimos, privatizando la gestión de lo rentable en beneficio de corporaciones empresariales, y abocando al resto al retorno a tiempos de la beneficencia y la caridad.
Con cifras de paro irrecuperables, con el ninguneo de los derechos laborales, el encarecimiento de la vida y la ruina de las familias, se está produciendo una regresión social de imposible retorno. Las personas más afectadas por la pobreza, la enfermedad o la exclusión social son arrojadas del sistema.
Son ya dos años de subvenciones tardías, escasas o nulas, reducidas en un 75% respecto a la anterior legislatura, lo que ha obligado a cerrar programas, a cerrar entidades y a acabar con líneas de trabajo desarrolladas desde la sociedad civil que han sido esenciales en el desarrollo de una sociedad más justa e igualitaria.
