El lunes, día 14, los taxistas de Dos Hermanas se sumarán a la concentración y manifestación, convocada en Sevilla por la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi. Una medida de protesta “contra el intrusismo y la competencia desleal, por el incumplimiento de leyes de la administración, contra las mentiras y promesas incumplidas, contra el acoso de la administración y las sanciones políticas/recaudatorias”. De 10:30 a 16:00 horas no habrá servicio de taxi.
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Represión o seguridad para los ciudadanos
Cuando un gobierno elabora una ley que pretende poner límites al derecho de manifestación de los ciudadanos ¿a quién se pretende proteger, a la sociedad o a ellos mismos? El Gobierno dice que la Ley de Seguridad Ciudadana se ha elaborado para dotar de mayor libertad a la ciudadanía pero parece que busca proteger los derechos de esa mayoría silenciosa que no se manifiesta y de la que tanto habla Mariano Rajoy.
Según los miembros del Gobierno, con esta ley pretenden que los que no acuden a las concentraciones tengan asegurado su derecho al descanso, a pasear por la ciudad o a circular libremente con su vehículo.El problema es que los derechos de reunión y manifestación son derechos fundamentales de especial protección según nuestra Constitución y, por tanto, deben primar sobre este supuesto derecho al descanso. Por todo esto, no queda muy claro si lo que pretende el Gobierno es proteger a su mayoría silenciosa o intentar evitar cualquier tipo de protesta.
La Ley de Seguridad Ciudadana nace rodeada de polémica. Cuando se dieron a conocer los principales artículos de la ley, vimos con asombro que se incluían sanciones, por ejemplo, de hasta 600.000 euros por alterar el orden público en ceremonias religiosas o sanciones económicas y administrativas por tomar imágenes de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Ante la presión de distintos sectores de la sociedad, el Ministerio del Interior ha dado un paso atrás y ha rebajado las sanciones más escandalosas. Sin embargo, la ley sigue siendo tremendamente represora.
Por ejemplo, será una infracción muy grave, sancionada con una multa de entre 30.000 y 600.000 euros, la perturbación muy grave de la seguridad ciudadana no constitutiva de delito en actos públicos, espectáculos deportivos o culturales, solemnidades y oficios religiosos u otras reuniones numerosas; entre muchas otras.
Entre las infracciones graves sancionadas con multas de entre 1.001 y 300.000 euros se encuentran la participación en “alteraciones públicas” llevando capuchas o cualquier prenda que tape el rostro e impida la identificación; impedir (como en el caso de los desahucios) que cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial realice su trabajo; no identificarse cuando un miembro de la policía lo requiera; escalar edificios públicos en señal de protesta, o las ofensas a España, las Comunidades Autónomas y Entidades Locales.
Rajoy y los suyos dicen que estas medidas otorgan de mayor libertad a los ciudadanos porque regulan materias antes no contempladas en la ley.
Pero en la práctica, las nuevas formas de protesta, como los escarches o los cordones humanos que intentan impedir que las comisiones judiciales accedan a un domicilio para ejecutar un desahucio, serán motivo de sanción.
Desde Juventudes Socialistas de Dos Hermanas queremos reivindicar el derecho de la ciudadanía a manifestarnos libremente. No podemos permitir que la derecha nos recorte también este derecho sólo porque no quiera oír lo que tenemos que decir. En estos dos años muchos hemos perdido nuestro trabajo, hemos tenido que dejar la universidad… pero lo que no podemos perder es nuestra voz. Lo único que nos queda ante este gobierno opresor que utiliza su mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados para hacer y deshacer a su antojo es nuestro derecho a manifestarnos. Tenemos el derecho de poder mostrar nuestro desacuerdo con las medidas adoptadas por el PP.Lo único que tenemos es la calle y es en ella donde debemos combatir las injusticias que estamos viviendo.
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Trabajos a la comunidad para los que no puedan pagar las multas
El pleno aprueba una ordenanza sobre trabajos en beneficio de la comunidadEl pleno municipal ha dado el visto bueno a la nueva ordenanza municipal sobre ejecución alternativa de sanciones económicas mediante trabajos en beneficio de la comunidad, que se basa en el amparo legal del artículo 139 de la actual ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local, que establece la posibilidad de sustituir la sanción pecuniaria por trabajos comunitarios. Un marco jurídico al que también se acoge la Ordenanza de Policía, Buen Gobierno y Convivencia, que en su artículo 77.2 prevé este sistema alternativo de cumplir las sanciones. Siendo compatible con la reclamación que el Ayuntamiento realice del importe de los daños ocasionados por las actividades infractoras.
Esta ordenanza, “con un interés social y un valor educativo”, según el portavoz del equipo de gobierno Agustín Morón, se aplicará en el término municipal a aquellas personas físicas, mayores o menores de edad, estos últimos con la potestad de sus padres o tutores, que se encuentren en situación legal de desempleo. Quedando excluidas de su ámbito de actuación las sanciones tributarias, urbanísticas y las de tráfico graves o muy graves, así como las personas jurídicas o los reincidentes en los 12 meses previos a la sanción.
{xtypo_rounded_left3}IU abandona el pleno
Los tres concejales de Izquierda Unida abandonaron la sesión plenaria al comprobar que no tenían acceso a la red wifi ni cobertura de teléfono para ‘twittear’ las sesiones, como lo vienen haciendo en los últimos meses. Los concejales denunciaron al equipo de gobierno de “inhibir la frecuencia en la zona del salón de plenos” como “un ataque a la libertad de expresión”.El alcalde, Francisco Toscano, respondió con que era problema de una reducción de frecuencia por parte de las compañías, pero que le parecía correcto que no se pudiera usar el móvil en el salón de plenos. El pasado lunes, Izquierda Unida, quien no descartaba tomar medidas al respecto, presentó una denuncia en la Policía Local.{/xtypo_rounded_left3}
Los trabajos en beneficio de la comunidad tendrán carácter voluntario, pudiéndose desarrollar en las áreas de medio ambiente, deportes, bienestar social, juventud, cultura, servicios municipales de limpieza, mantenimiento y reparación del mobiliario urbano, señalización o cualquier otra actividad análoga a las anteriores. Asimismo, en el caso de los menores, podrán asistir a cursos, jornadas o actividades de formación relacionadas con la naturaleza de la infracción, descontándose de las horas de trabajo.
La ordenanza establece que cada 20 euros de multa equivale a un día de trabajo, revisando dicha cuantía anualmente conforme al IPC. En cuanto a las jornadas de trabajo no podrán exceder las cuatro horas en el caso de los menores de 16 y las ocho horas para los mayores de edad. La ejecución de los trabajos se realizará en un plazo de tres meses desde la aceptación de la conmutación de la infracción económica. Según Morón, la ordenanza entra en un periodo de exposición pública tras el que, si no se presentan alegaciones, será aprobada directamente en junta de gobierno .
{xtypo_code}Ruegos y Preguntas
ABSENTISMO ESCOLAR: El PP presentó un ruego para que se convoque la comisión de absentismo escolar. La delegada de Educación, Mª Antonia Naharro respondió que se está a la espera de que la delegación provincial nombre a su inspector.
HUERTA DE LA PRINCESA: La ampliación de este colegio también salió en la sesión plenaria. Naharro respondió al PP que ya está listo el proyecto, pendiente de publicación en el BOJA. Afirmando que los padres y madres estaban al tanto por una reunión mantenida el pasado jueves con ella y el alcalde. También están en fase de contratación las obras de la segunda fase del colegio Rafael Alberti y del nuevo comedor del colegio Maestro José Varela.
MOTOS DE LA POLICÍA: Como una pregunta verbal planteó el PP el tema de las 18 motos de la Policía Local que no están en funcionamiento desde el año pasado. El alcalde aclaró que son las motos destinadas a los agentes de tráfico, que se encuentran en depósito hasta que se resuelva el conflicto judicial que mantiene suspendido a este nuevo cuerpo.{/xtypo_code}