Etiqueta: regulación

  • El 100% de la plantilla secunda la primera jornada de huelga

    La primera jornada de huelga indefinida en Extruperfil, ayer miércoles, contó con un seguimiento total, según ha informado el Sindicato Provincial de Industria de CCOO de Sevilla. El 100% de la plantilla de esta empresa ha secundado la protesta, concentrándose a lo largo de la mañana a las puertas del centro de trabajo.

    Esta huelga ha sido convocada a raíz de que la dirección de Extruperfil haya planteado un nuevo Expediente de Regulación de Empleo  extintivo que pretende el despido de 41 de los 86 trabajadores que componen la plantilla.

    El viernes está prevista una reunión del comité de empresa con los tres grupos políticos del Ayuntamiento.

  • Concentración en Extruperfil por otro ERE

    Los trabajadores de Extruperfil han convocado para mañana jueves, día 18,  de 11:00 a 13:00 horas, una concentración en la puerta de la empresa  ante la presentación de un nuevo Expediente de Regulación de Empleo, que afectará a 39 empleados.

  • El alcalde confunde Democracia con burocracia

    Dice la Wikipedia que un cortijo es, en su origen, una “edificación que responde a las necesidades de grandes explotaciones”, que, por su extensión, “da respuesta funcional a la necesidad de alojamiento de trabajadores, estables o jornaleros, al de los propietarios cuando estaban, pues el absentismo era la norma general”. En política, del término «cortijo» han salido algunas expresiones despectivas, como «el amo del cortijo», referida a gobernantes que se portan como caciques, o «perro cortijero», algo así como la persona que sólo atiende a la voz de su amo (alcalde, diputado, etc.)

    En una democracia avanzada, las leyes relacionadas con la política local deberían servir, entre otras cosas, para evitar que alcaldes y alcaldesas manden en sus municipios como si fueran sus cortijos particulares.

    ¿Y cómo? Pues estableciendo mecanismos que fomenten la participación ciudadana: creando distritos que permitan la descentralización de la gestión política y administrativa, promoviendo que los ciudadanos y ciudadanas tengan más poder en la toma de decisiones, propiciando la figura del «defensor del pueblo» a nivel local y, en definitiva, intentando evitar que un alcalde o alcaldesa se convierta en un auténtico cacique que sólo rinde cuentas cada cuatro años. Es lo que en nuestro país se ha pretendido con la Ley de Grandes Ciudades, tanto en su regulación estatal como autonómica, y es lo que nuestro máximo mandatario nazareno, Francisco Toscano, ha evitado y está evitando a toda costa.

    Hasta el año pasado, cuando nuestro grupo municipal pidió en un pleno que Dos Hermanas se acogiese a la ley estatal de Grandes Ciudades, a la que teníamos derecho por contar con más de 100.000 habitantes, nuestro alcalde y su grupo municipal rechazaron la propuesta porque «había que esperar a que el parlamento andaluz desarrollase una regulación específica sobre el tema en nuestra comunidad autónoma». Pero llegado octubre de 2009, y con una ley autonómica ya aprobada en Andalucía, Toscano se destapa con que esa ley, para lo único que sirve es para conceder «títulos nobiliarios» a los alcaldes de las capitales de provincia, y que él no es partidario de que Dos Hermanas se considere una gran ciudad, a efectos legales, porque eso atenta contra la «autonomía municipal» y supone implantar una «burocracia absurda e innecesaria».

    Te aseguro que cuando Toscano dijo eso, a eso de las 13:15 horas del pasado 23 de octubre de 2009, un servidor no supo dónde meterse. Nuestro alcalde estaba considerando que más democracia es más burocracia, un argumento que da pie a quienes opinan, por ejemplo, que los parlamentos autonómicos no sirven para nada o que los alcaldes, como en los viejos tiempos, tienen que ser meros «delegados del gobierno de la nación». Eso sí, votados en elecciones.

    Mi opinión es que una democracia participativa es necesaria para que el gobierno municipal esté en manos de la ciudadanía, para que los presupuestos se aprueben en función de lo que se opina en los barrios, para que las obras no se concedan prácticamente a dedo, para evitar la corrupción y para que, en suma, elfuturo de un pueblo o una ciudad no se decida entre las cuatro paredes de un despacho. Es evidente que esto no lo instaura la Ley de Grandes Ciudades al cien por cien, pero, al menos, permite que se pueda poner en marcha.
    Por contra, la desregulación de la convivencia, es decir, que no haya leyes que concedan derechos y establezcan obligaciones, es una navaja bien afilada que suelen utilizar quienes prefieren gobernar como les da la gana, es decir, como los amos de los cortijos. Lo que critica Toscano de la ley es justo lo que sucede habitualmente con la no-ley: que los alcaldes con “autonomía municipal” hacen y deshacen a sus anchas, como nobles déspotas.
    En cierta ocasión una concejala socialista me dijo que Toscano sabe muy bien qué es lo que necesita Dos Hermanas. Tal vez sea cierto, pero estoy convencido de que la inmensa mayoría de los vecinos y vecinas de Cantely, Montequinto o Las Portadas, por poner tres ejemplos al azar, también saben muy bien qué es lo que necesitan sus barrios respectivos, y que a esa inmensa mayoría nadie le ha pedido nunca su opinión. Tal vez porque nada tienen que ver con cortijos, ni con amos de cortijos, ni con perros cortijeros.

  • El alcalde confunde Democracia con burocracia

    Dice la Wikipedia que un cortijo es, en su origen, una “edificación que responde a las necesidades de grandes explotaciones”, que, por su extensión, “da respuesta funcional a la necesidad de alojamiento de trabajadores, estables o jornaleros, al de los propietarios cuando estaban, pues el absentismo era la norma general”. En política, del término «cortijo» han salido algunas expresiones despectivas, como «el amo del cortijo», referida a gobernantes que se portan como caciques, o «perro cortijero», algo así como la persona que sólo atiende a la voz de su amo (alcalde, diputado, etc.)

    En una democracia avanzada, las leyes relacionadas con la política local deberían servir, entre otras cosas, para evitar que alcaldes y alcaldesas manden en sus municipios como si fueran sus cortijos particulares.

    ¿Y cómo? Pues estableciendo mecanismos que fomenten la participación ciudadana: creando distritos que permitan la descentralización de la gestión política y administrativa, promoviendo que los ciudadanos y ciudadanas tengan más poder en la toma de decisiones, propiciando la figura del «defensor del pueblo» a nivel local y, en definitiva, intentando evitar que un alcalde o alcaldesa se convierta en un auténtico cacique que sólo rinde cuentas cada cuatro años. Es lo que en nuestro país se ha pretendido con la Ley de Grandes Ciudades, tanto en su regulación estatal como autonómica, y es lo que nuestro máximo mandatario nazareno, Francisco Toscano, ha evitado y está evitando a toda costa.

    Hasta el año pasado, cuando nuestro grupo municipal pidió en un pleno que Dos Hermanas se acogiese a la ley estatal de Grandes Ciudades, a la que teníamos derecho por contar con más de 100.000 habitantes, nuestro alcalde y su grupo municipal rechazaron la propuesta porque «había que esperar a que el parlamento andaluz desarrollase una regulación específica sobre el tema en nuestra comunidad autónoma». Pero llegado octubre de 2009, y con una ley autonómica ya aprobada en Andalucía, Toscano se destapa con que esa ley, para lo único que sirve es para conceder «títulos nobiliarios» a los alcaldes de las capitales de provincia, y que él no es partidario de que Dos Hermanas se considere una gran ciudad, a efectos legales, porque eso atenta contra la «autonomía municipal» y supone implantar una «burocracia absurda e innecesaria».

    Te aseguro que cuando Toscano dijo eso, a eso de las 13:15 horas del pasado 23 de octubre de 2009, un servidor no supo dónde meterse. Nuestro alcalde estaba considerando que más democracia es más burocracia, un argumento que da pie a quienes opinan, por ejemplo, que los parlamentos autonómicos no sirven para nada o que los alcaldes, como en los viejos tiempos, tienen que ser meros «delegados del gobierno de la nación». Eso sí, votados en elecciones.

    Mi opinión es que una democracia participativa es necesaria para que el gobierno municipal esté en manos de la ciudadanía, para que los presupuestos se aprueben en función de lo que se opina en los barrios, para que las obras no se concedan prácticamente a dedo, para evitar la corrupción y para que, en suma, elfuturo de un pueblo o una ciudad no se decida entre las cuatro paredes de un despacho. Es evidente que esto no lo instaura la Ley de Grandes Ciudades al cien por cien, pero, al menos, permite que se pueda poner en marcha.
    Por contra, la desregulación de la convivencia, es decir, que no haya leyes que concedan derechos y establezcan obligaciones, es una navaja bien afilada que suelen utilizar quienes prefieren gobernar como les da la gana, es decir, como los amos de los cortijos. Lo que critica Toscano de la ley es justo lo que sucede habitualmente con la no-ley: que los alcaldes con “autonomía municipal” hacen y deshacen a sus anchas, como nobles déspotas.
    En cierta ocasión una concejala socialista me dijo que Toscano sabe muy bien qué es lo que necesita Dos Hermanas. Tal vez sea cierto, pero estoy convencido de que la inmensa mayoría de los vecinos y vecinas de Cantely, Montequinto o Las Portadas, por poner tres ejemplos al azar, también saben muy bien qué es lo que necesitan sus barrios respectivos, y que a esa inmensa mayoría nadie le ha pedido nunca su opinión. Tal vez porque nada tienen que ver con cortijos, ni con amos de cortijos, ni con perros cortijeros.

  • El alcalde confunde Democracia con burocracia

    Dice la Wikipedia que un cortijo es, en su origen, una “edificación que responde a las necesidades de grandes explotaciones”, que, por su extensión, “da respuesta funcional a la necesidad de alojamiento de trabajadores, estables o jornaleros, al de los propietarios cuando estaban, pues el absentismo era la norma general”. En política, del término «cortijo» han salido algunas expresiones despectivas, como «el amo del cortijo», referida a gobernantes que se portan como caciques, o «perro cortijero», algo así como la persona que sólo atiende a la voz de su amo (alcalde, diputado, etc.)

    En una democracia avanzada, las leyes relacionadas con la política local deberían servir, entre otras cosas, para evitar que alcaldes y alcaldesas manden en sus municipios como si fueran sus cortijos particulares.

    ¿Y cómo? Pues estableciendo mecanismos que fomenten la participación ciudadana: creando distritos que permitan la descentralización de la gestión política y administrativa, promoviendo que los ciudadanos y ciudadanas tengan más poder en la toma de decisiones, propiciando la figura del «defensor del pueblo» a nivel local y, en definitiva, intentando evitar que un alcalde o alcaldesa se convierta en un auténtico cacique que sólo rinde cuentas cada cuatro años. Es lo que en nuestro país se ha pretendido con la Ley de Grandes Ciudades, tanto en su regulación estatal como autonómica, y es lo que nuestro máximo mandatario nazareno, Francisco Toscano, ha evitado y está evitando a toda costa.

    Hasta el año pasado, cuando nuestro grupo municipal pidió en un pleno que Dos Hermanas se acogiese a la ley estatal de Grandes Ciudades, a la que teníamos derecho por contar con más de 100.000 habitantes, nuestro alcalde y su grupo municipal rechazaron la propuesta porque «había que esperar a que el parlamento andaluz desarrollase una regulación específica sobre el tema en nuestra comunidad autónoma». Pero llegado octubre de 2009, y con una ley autonómica ya aprobada en Andalucía, Toscano se destapa con que esa ley, para lo único que sirve es para conceder «títulos nobiliarios» a los alcaldes de las capitales de provincia, y que él no es partidario de que Dos Hermanas se considere una gran ciudad, a efectos legales, porque eso atenta contra la «autonomía municipal» y supone implantar una «burocracia absurda e innecesaria».

    Te aseguro que cuando Toscano dijo eso, a eso de las 13:15 horas del pasado 23 de octubre de 2009, un servidor no supo dónde meterse. Nuestro alcalde estaba considerando que más democracia es más burocracia, un argumento que da pie a quienes opinan, por ejemplo, que los parlamentos autonómicos no sirven para nada o que los alcaldes, como en los viejos tiempos, tienen que ser meros «delegados del gobierno de la nación». Eso sí, votados en elecciones.

    Mi opinión es que una democracia participativa es necesaria para que el gobierno municipal esté en manos de la ciudadanía, para que los presupuestos se aprueben en función de lo que se opina en los barrios, para que las obras no se concedan prácticamente a dedo, para evitar la corrupción y para que, en suma, elfuturo de un pueblo o una ciudad no se decida entre las cuatro paredes de un despacho. Es evidente que esto no lo instaura la Ley de Grandes Ciudades al cien por cien, pero, al menos, permite que se pueda poner en marcha.
    Por contra, la desregulación de la convivencia, es decir, que no haya leyes que concedan derechos y establezcan obligaciones, es una navaja bien afilada que suelen utilizar quienes prefieren gobernar como les da la gana, es decir, como los amos de los cortijos. Lo que critica Toscano de la ley es justo lo que sucede habitualmente con la no-ley: que los alcaldes con “autonomía municipal” hacen y deshacen a sus anchas, como nobles déspotas.
    En cierta ocasión una concejala socialista me dijo que Toscano sabe muy bien qué es lo que necesita Dos Hermanas. Tal vez sea cierto, pero estoy convencido de que la inmensa mayoría de los vecinos y vecinas de Cantely, Montequinto o Las Portadas, por poner tres ejemplos al azar, también saben muy bien qué es lo que necesitan sus barrios respectivos, y que a esa inmensa mayoría nadie le ha pedido nunca su opinión. Tal vez porque nada tienen que ver con cortijos, ni con amos de cortijos, ni con perros cortijeros.

  • Comienza la recolocación de los trabajadores de Cerámicas

    60 en Alcalá de Guadaíra, 5 en Burgos y 13 en Alcalá de Henares

    El pasado lunes comenzó la firma de los contratos de los trabajadores incluidos en el protocolo de recolocación de Cerámicas Bellavista, cuya factoría en Dos Hermanas cerró definitivamente sus puertas el pasado mes de julio.

    Sesenta trabajadores se recolocarán en la planta que Roca tiene en Alcalá de Guadaíra, afectada a su vez por un expediente de regulación de empleo extintivo que afectará a unos 713 trabajadores. Asimismo, cinco se ubicarán en la planta de Burgos y trece en la factoría de Alcalá de Henares.

    El resto de los trabajadores se han sumado a un plan de reciclaje formativo puesto en marcha por la Junta de Andalucía.

  • Comienza la recolocación de los trabajadores de Cerámicas

    60 en Alcalá de Guadaíra, 5 en Burgos y 13 en Alcalá de Henares

    El pasado lunes comenzó la firma de los contratos de los trabajadores incluidos en el protocolo de recolocación de Cerámicas Bellavista, cuya factoría en Dos Hermanas cerró definitivamente sus puertas el pasado mes de julio.

    Sesenta trabajadores se recolocarán en la planta que Roca tiene en Alcalá de Guadaíra, afectada a su vez por un expediente de regulación de empleo extintivo que afectará a unos 713 trabajadores. Asimismo, cinco se ubicarán en la planta de Burgos y trece en la factoría de Alcalá de Henares.

    El resto de los trabajadores se han sumado a un plan de reciclaje formativo puesto en marcha por la Junta de Andalucía.

  • Comienza la recolocación de los trabajadores de Cerámicas

    60 en Alcalá de Guadaíra, 5 en Burgos y 13 en Alcalá de Henares

    El pasado lunes comenzó la firma de los contratos de los trabajadores incluidos en el protocolo de recolocación de Cerámicas Bellavista, cuya factoría en Dos Hermanas cerró definitivamente sus puertas el pasado mes de julio.

    Sesenta trabajadores se recolocarán en la planta que Roca tiene en Alcalá de Guadaíra, afectada a su vez por un expediente de regulación de empleo extintivo que afectará a unos 713 trabajadores. Asimismo, cinco se ubicarán en la planta de Burgos y trece en la factoría de Alcalá de Henares.

    El resto de los trabajadores se han sumado a un plan de reciclaje formativo puesto en marcha por la Junta de Andalucía.