Cuando un gobierno elabora una ley que pretende poner límites al derecho de manifestación de los ciudadanos ¿a quién se pretende proteger, a la sociedad o a ellos mismos? El Gobierno dice que la Ley de Seguridad Ciudadana se ha elaborado para dotar de mayor libertad a la ciudadanía pero parece que busca proteger los derechos de esa mayoría silenciosa que no se manifiesta y de la que tanto habla Mariano Rajoy.
Según los miembros del Gobierno, con esta ley pretenden que los que no acuden a las concentraciones tengan asegurado su derecho al descanso, a pasear por la ciudad o a circular libremente con su vehículo.
El problema es que los derechos de reunión y manifestación son derechos fundamentales de especial protección según nuestra Constitución y, por tanto, deben primar sobre este supuesto derecho al descanso. Por todo esto, no queda muy claro si lo que pretende el Gobierno es proteger a su mayoría silenciosa o intentar evitar cualquier tipo de protesta.
La Ley de Seguridad Ciudadana nace rodeada de polémica. Cuando se dieron a conocer los principales artículos de la ley, vimos con asombro que se incluían sanciones, por ejemplo, de hasta 600.000 euros por alterar el orden público en ceremonias religiosas o sanciones económicas y administrativas por tomar imágenes de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Ante la presión de distintos sectores de la sociedad, el Ministerio del Interior ha dado un paso atrás y ha rebajado las sanciones más escandalosas. Sin embargo, la ley sigue siendo tremendamente represora.
Por ejemplo, será una infracción muy grave, sancionada con una multa de entre 30.000 y 600.000 euros, la perturbación muy grave de la seguridad ciudadana no constitutiva de delito en actos públicos, espectáculos deportivos o culturales, solemnidades y oficios religiosos u otras reuniones numerosas; entre muchas otras.
Entre las infracciones graves sancionadas con multas de entre 1.001 y 300.000 euros se encuentran la participación en “alteraciones públicas” llevando capuchas o cualquier prenda que tape el rostro e impida la identificación; impedir (como en el caso de los desahucios) que cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial realice su trabajo; no identificarse cuando un miembro de la policía lo requiera; escalar edificios públicos en señal de protesta, o las ofensas a España, las Comunidades Autónomas y Entidades Locales.
Rajoy y los suyos dicen que estas medidas otorgan de mayor libertad a los ciudadanos porque regulan materias antes no contempladas en la ley.
Pero en la práctica, las nuevas formas de protesta, como los escarches o los cordones humanos que intentan impedir que las comisiones judiciales accedan a un domicilio para ejecutar un desahucio, serán motivo de sanción.
Desde Juventudes Socialistas de Dos Hermanas queremos reivindicar el derecho de la ciudadanía a manifestarnos libremente. No podemos permitir que la derecha nos recorte también este derecho sólo porque no quiera oír lo que tenemos que decir. En estos dos años muchos hemos perdido nuestro trabajo, hemos tenido que dejar la universidad… pero lo que no podemos perder es nuestra voz. Lo único que nos queda ante este gobierno opresor que utiliza su mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados para hacer y deshacer a su antojo es nuestro derecho a manifestarnos. Tenemos el derecho de poder mostrar nuestro desacuerdo con las medidas adoptadas por el PP.
Lo único que tenemos es la calle y es en ella donde debemos combatir las injusticias que estamos viviendo.