La semana pasada nuestro Parlamento de Andalucía aprobaba una resolución, con los votos a favor de PSOE e IU, en la que solicitaba se promovieran todos los mecanismos necesarios para obtener la declaración de inconstitucionalidad de los artículos de la Ley y del Reglamento Hipotecario que han permitido a la Iglesia Católica la inmatriculación en el Registro de la Propiedad de numerosos bienes inmuebles de dominio público al equipararla, a efectos registrales, a una Administración Pública. Esta situación tiene su origen en la reforma de la normativa hipotecaria efectuada por el Gobierno del Partido Popular de José María Aznar.
El Gobierno de Aznar propició que volviera a entrar en vigor unos preceptos de la Ley y el Reglamento Hipotecario de época franquista en los que se concedía un régimen privilegiado a la Iglesia Católica para la inmatriculación (entrada por primera vez en el Registro) de bienes inmuebles en el Registro de la Propiedad. El sistema era tan favorable para la Iglesia que la ha equiparado a una Administración Pública, permitiendo que acreditara su propiedad a través de una certificación del Obispo y eliminando cualquier requisito de publicidad ¿El resultado? Un expolio, miles de inmuebles que no les pertenecían a su nombre.
Los preceptos que han permitido esta situación han sido tildados por numerosos y reputados juristas como inconstitucionales por vulnerar el principio de igualdad y de aconfesionalidad del Estado, ambos principios consagrados en nuestra Constitución como ejes fundamentales de nuestro Estado.
En todo caso y más allá del debate jurídico parece impropio que la jerarquía eclesiástica haya actuado con tanta rapidez y eficacia para apoderarse de miles bienes públicos sobre los que la Iglesia solo tenía derecho de uso. Nada ha escapado a ese afán acaparador por parte de la jerarquía eclesiástica, desde iglesias hasta casas, siendo el ejemplo más significativo la Mezquita-Catedral de Córdoba.
Ha sido precisamente la movilización ciudadana en torno a la protección de la Mezquita cordobesa lo que, en un ejemplo de compromiso sin igual, ha hecho que este tema haya alcanzado un gran protagonismo mediático hasta llegar a nuestro Parlamento que, con los votos a favor de PSOE e IU y en contra del PP, ha instado a que esta injusticia sea reparada con todos los mecanismos existentes.
Que una situación sea legal, aunque dudamos que ésta lo sea, no significa que en ella haya justicia alguna. La solución de esta aberración no es otra que política, son los partidos políticos quienes deben estar a la altura de la movilización ciudadana y evitar que la apropiación de bienes públicos por parte de la jerarquía eclesiástica se perpetúe en el tiempo.
Revertir esta situación es una cuestión de voluntad que, aunque ha escaseado a lo largo de más de una década, aún puede solucionar esta grave y terrible injusticia. No se trata de un ataque a ninguna confesión, sino la condena de la actitud de la jerarquía eclesiástica en este aspecto.
Desde Juventudes Socialistas de Dos Hermanas pedimos a la totalidad de los partidos políticos, muy especialmente al Partido Socialista, y a la Junta de Andalucía que velen porque lo que es del pueblo no acabe en manos de ninguna confesión religiosa y que lo ya expoliado vuelva al ámbito de lo público. También pedimos al Gobierno del Partido Popular que corrija esta grave injusticia que llevó a cabo en su anterior etapa de gobierno. Y damos la enhorabuena a las plataformas ciudadanas y a quienes las conforman, por su esfuerzo en preservar lo que es de todos en una lucha que más allá de todo lo es por la Justicia.