Etiqueta: política

Dice la Wikipedia que un cortijo es, en su origen, una “edificación que responde a las necesidades de grandes explotaciones”, que, por su extensión, “da respuesta funcional a la necesidad de alojamiento de trabajadores, estables o jornaleros, al de los propietarios cuando estaban, pues el absentismo era la norma general”. En política, del término «cortijo» han salido algunas expresiones despectivas, como «el amo del cortijo», referida a gobernantes que se portan como caciques, o «perro cortijero», algo así como la persona que sólo atiende a la voz de su amo (alcalde, diputado, etc.)

En una democracia avanzada, las leyes relacionadas con la política local deberían servir, entre otras cosas, para evitar que alcaldes y alcaldesas manden en sus municipios como si fueran sus cortijos particulares.

¿Y cómo? Pues estableciendo mecanismos que fomenten la participación ciudadana: creando distritos que permitan la descentralización de la gestión política y administrativa, promoviendo que los ciudadanos y ciudadanas tengan más poder en la toma de decisiones, propiciando la figura del «defensor del pueblo» a nivel local y, en definitiva, intentando evitar que un alcalde o alcaldesa se convierta en un auténtico cacique que sólo rinde cuentas cada cuatro años. Es lo que en nuestro país se ha pretendido con la Ley de Grandes Ciudades, tanto en su regulación estatal como autonómica, y es lo que nuestro máximo mandatario nazareno, Francisco Toscano, ha evitado y está evitando a toda costa.

Hasta el año pasado, cuando nuestro grupo municipal pidió en un pleno que Dos Hermanas se acogiese a la ley estatal de Grandes Ciudades, a la que teníamos derecho por contar con más de 100.000 habitantes, nuestro alcalde y su grupo municipal rechazaron la propuesta porque «había que esperar a que el parlamento andaluz desarrollase una regulación específica sobre el tema en nuestra comunidad autónoma». Pero llegado octubre de 2009, y con una ley autonómica ya aprobada en Andalucía, Toscano se destapa con que esa ley, para lo único que sirve es para conceder «títulos nobiliarios» a los alcaldes de las capitales de provincia, y que él no es partidario de que Dos Hermanas se considere una gran ciudad, a efectos legales, porque eso atenta contra la «autonomía municipal» y supone implantar una «burocracia absurda e innecesaria».

Te aseguro que cuando Toscano dijo eso, a eso de las 13:15 horas del pasado 23 de octubre de 2009, un servidor no supo dónde meterse. Nuestro alcalde estaba considerando que más democracia es más burocracia, un argumento que da pie a quienes opinan, por ejemplo, que los parlamentos autonómicos no sirven para nada o que los alcaldes, como en los viejos tiempos, tienen que ser meros «delegados del gobierno de la nación». Eso sí, votados en elecciones.

Mi opinión es que una democracia participativa es necesaria para que el gobierno municipal esté en manos de la ciudadanía, para que los presupuestos se aprueben en función de lo que se opina en los barrios, para que las obras no se concedan prácticamente a dedo, para evitar la corrupción y para que, en suma, elfuturo de un pueblo o una ciudad no se decida entre las cuatro paredes de un despacho. Es evidente que esto no lo instaura la Ley de Grandes Ciudades al cien por cien, pero, al menos, permite que se pueda poner en marcha.
Por contra, la desregulación de la convivencia, es decir, que no haya leyes que concedan derechos y establezcan obligaciones, es una navaja bien afilada que suelen utilizar quienes prefieren gobernar como les da la gana, es decir, como los amos de los cortijos. Lo que critica Toscano de la ley es justo lo que sucede habitualmente con la no-ley: que los alcaldes con “autonomía municipal” hacen y deshacen a sus anchas, como nobles déspotas.
En cierta ocasión una concejala socialista me dijo que Toscano sabe muy bien qué es lo que necesita Dos Hermanas. Tal vez sea cierto, pero estoy convencido de que la inmensa mayoría de los vecinos y vecinas de Cantely, Montequinto o Las Portadas, por poner tres ejemplos al azar, también saben muy bien qué es lo que necesitan sus barrios respectivos, y que a esa inmensa mayoría nadie le ha pedido nunca su opinión. Tal vez porque nada tienen que ver con cortijos, ni con amos de cortijos, ni con perros cortijeros.

Dice la Wikipedia que un cortijo es, en su origen, una “edificación que responde a las necesidades de grandes explotaciones”, que, por su extensión, “da respuesta funcional a la necesidad de alojamiento de trabajadores, estables o jornaleros, al de los propietarios cuando estaban, pues el absentismo era la norma general”. En política, del término «cortijo» han salido algunas expresiones despectivas, como «el amo del cortijo», referida a gobernantes que se portan como caciques, o «perro cortijero», algo así como la persona que sólo atiende a la voz de su amo (alcalde, diputado, etc.)

En una democracia avanzada, las leyes relacionadas con la política local deberían servir, entre otras cosas, para evitar que alcaldes y alcaldesas manden en sus municipios como si fueran sus cortijos particulares.

¿Y cómo? Pues estableciendo mecanismos que fomenten la participación ciudadana: creando distritos que permitan la descentralización de la gestión política y administrativa, promoviendo que los ciudadanos y ciudadanas tengan más poder en la toma de decisiones, propiciando la figura del «defensor del pueblo» a nivel local y, en definitiva, intentando evitar que un alcalde o alcaldesa se convierta en un auténtico cacique que sólo rinde cuentas cada cuatro años. Es lo que en nuestro país se ha pretendido con la Ley de Grandes Ciudades, tanto en su regulación estatal como autonómica, y es lo que nuestro máximo mandatario nazareno, Francisco Toscano, ha evitado y está evitando a toda costa.

Hasta el año pasado, cuando nuestro grupo municipal pidió en un pleno que Dos Hermanas se acogiese a la ley estatal de Grandes Ciudades, a la que teníamos derecho por contar con más de 100.000 habitantes, nuestro alcalde y su grupo municipal rechazaron la propuesta porque «había que esperar a que el parlamento andaluz desarrollase una regulación específica sobre el tema en nuestra comunidad autónoma». Pero llegado octubre de 2009, y con una ley autonómica ya aprobada en Andalucía, Toscano se destapa con que esa ley, para lo único que sirve es para conceder «títulos nobiliarios» a los alcaldes de las capitales de provincia, y que él no es partidario de que Dos Hermanas se considere una gran ciudad, a efectos legales, porque eso atenta contra la «autonomía municipal» y supone implantar una «burocracia absurda e innecesaria».

Te aseguro que cuando Toscano dijo eso, a eso de las 13:15 horas del pasado 23 de octubre de 2009, un servidor no supo dónde meterse. Nuestro alcalde estaba considerando que más democracia es más burocracia, un argumento que da pie a quienes opinan, por ejemplo, que los parlamentos autonómicos no sirven para nada o que los alcaldes, como en los viejos tiempos, tienen que ser meros «delegados del gobierno de la nación». Eso sí, votados en elecciones.

Mi opinión es que una democracia participativa es necesaria para que el gobierno municipal esté en manos de la ciudadanía, para que los presupuestos se aprueben en función de lo que se opina en los barrios, para que las obras no se concedan prácticamente a dedo, para evitar la corrupción y para que, en suma, elfuturo de un pueblo o una ciudad no se decida entre las cuatro paredes de un despacho. Es evidente que esto no lo instaura la Ley de Grandes Ciudades al cien por cien, pero, al menos, permite que se pueda poner en marcha.
Por contra, la desregulación de la convivencia, es decir, que no haya leyes que concedan derechos y establezcan obligaciones, es una navaja bien afilada que suelen utilizar quienes prefieren gobernar como les da la gana, es decir, como los amos de los cortijos. Lo que critica Toscano de la ley es justo lo que sucede habitualmente con la no-ley: que los alcaldes con “autonomía municipal” hacen y deshacen a sus anchas, como nobles déspotas.
En cierta ocasión una concejala socialista me dijo que Toscano sabe muy bien qué es lo que necesita Dos Hermanas. Tal vez sea cierto, pero estoy convencido de que la inmensa mayoría de los vecinos y vecinas de Cantely, Montequinto o Las Portadas, por poner tres ejemplos al azar, también saben muy bien qué es lo que necesitan sus barrios respectivos, y que a esa inmensa mayoría nadie le ha pedido nunca su opinión. Tal vez porque nada tienen que ver con cortijos, ni con amos de cortijos, ni con perros cortijeros.

Dice la Wikipedia que un cortijo es, en su origen, una “edificación que responde a las necesidades de grandes explotaciones”, que, por su extensión, “da respuesta funcional a la necesidad de alojamiento de trabajadores, estables o jornaleros, al de los propietarios cuando estaban, pues el absentismo era la norma general”. En política, del término «cortijo» han salido algunas expresiones despectivas, como «el amo del cortijo», referida a gobernantes que se portan como caciques, o «perro cortijero», algo así como la persona que sólo atiende a la voz de su amo (alcalde, diputado, etc.)

En una democracia avanzada, las leyes relacionadas con la política local deberían servir, entre otras cosas, para evitar que alcaldes y alcaldesas manden en sus municipios como si fueran sus cortijos particulares.

¿Y cómo? Pues estableciendo mecanismos que fomenten la participación ciudadana: creando distritos que permitan la descentralización de la gestión política y administrativa, promoviendo que los ciudadanos y ciudadanas tengan más poder en la toma de decisiones, propiciando la figura del «defensor del pueblo» a nivel local y, en definitiva, intentando evitar que un alcalde o alcaldesa se convierta en un auténtico cacique que sólo rinde cuentas cada cuatro años. Es lo que en nuestro país se ha pretendido con la Ley de Grandes Ciudades, tanto en su regulación estatal como autonómica, y es lo que nuestro máximo mandatario nazareno, Francisco Toscano, ha evitado y está evitando a toda costa.

Hasta el año pasado, cuando nuestro grupo municipal pidió en un pleno que Dos Hermanas se acogiese a la ley estatal de Grandes Ciudades, a la que teníamos derecho por contar con más de 100.000 habitantes, nuestro alcalde y su grupo municipal rechazaron la propuesta porque «había que esperar a que el parlamento andaluz desarrollase una regulación específica sobre el tema en nuestra comunidad autónoma». Pero llegado octubre de 2009, y con una ley autonómica ya aprobada en Andalucía, Toscano se destapa con que esa ley, para lo único que sirve es para conceder «títulos nobiliarios» a los alcaldes de las capitales de provincia, y que él no es partidario de que Dos Hermanas se considere una gran ciudad, a efectos legales, porque eso atenta contra la «autonomía municipal» y supone implantar una «burocracia absurda e innecesaria».

Te aseguro que cuando Toscano dijo eso, a eso de las 13:15 horas del pasado 23 de octubre de 2009, un servidor no supo dónde meterse. Nuestro alcalde estaba considerando que más democracia es más burocracia, un argumento que da pie a quienes opinan, por ejemplo, que los parlamentos autonómicos no sirven para nada o que los alcaldes, como en los viejos tiempos, tienen que ser meros «delegados del gobierno de la nación». Eso sí, votados en elecciones.

Mi opinión es que una democracia participativa es necesaria para que el gobierno municipal esté en manos de la ciudadanía, para que los presupuestos se aprueben en función de lo que se opina en los barrios, para que las obras no se concedan prácticamente a dedo, para evitar la corrupción y para que, en suma, elfuturo de un pueblo o una ciudad no se decida entre las cuatro paredes de un despacho. Es evidente que esto no lo instaura la Ley de Grandes Ciudades al cien por cien, pero, al menos, permite que se pueda poner en marcha.
Por contra, la desregulación de la convivencia, es decir, que no haya leyes que concedan derechos y establezcan obligaciones, es una navaja bien afilada que suelen utilizar quienes prefieren gobernar como les da la gana, es decir, como los amos de los cortijos. Lo que critica Toscano de la ley es justo lo que sucede habitualmente con la no-ley: que los alcaldes con “autonomía municipal” hacen y deshacen a sus anchas, como nobles déspotas.
En cierta ocasión una concejala socialista me dijo que Toscano sabe muy bien qué es lo que necesita Dos Hermanas. Tal vez sea cierto, pero estoy convencido de que la inmensa mayoría de los vecinos y vecinas de Cantely, Montequinto o Las Portadas, por poner tres ejemplos al azar, también saben muy bien qué es lo que necesitan sus barrios respectivos, y que a esa inmensa mayoría nadie le ha pedido nunca su opinión. Tal vez porque nada tienen que ver con cortijos, ni con amos de cortijos, ni con perros cortijeros.