El pleno de Dos Hermanas ha aprobado en su sesión ordinaria de enero solicitar a la Junta de Andalucía que la línea 3 de Metro, actualmente en fase de estudio, llegue a la barriada de Fuente del Rey y el Polígono Industrial de La Isla. Fue una moción presentada por el grupo municipal de Unidas Podemos por Dos Hermanas en una sesión plenaria que comenzó con un minuto de silencio por los atentados terroristas de Algeciras.
La última parada contemplada actualmente en el proyecto de la Línea 3 se sitúa en el Hospital de Valme, pero el portavoz del grupo, Fran García Parejo, apostó «porque el Metro no sea un transporte urbano, sino metropolitano, que salga de Sevilla, dando servicio a los más de 4.000 trabajadores y 250 empresas que existen actualmente en el citado polígono».
La moción fue aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos y concejales, no descartándose, inclusive, apoyar la propuesta de que el núcleo urbano también estuviese conectado con esta Línea 3 a través de La Isla.
También fue aprobada para su su paso a comisión informativa la moción presentada por Ciudadanos, solicitando la puesta en marcha de la junta municipal de distrito, que le correspondería a Dos Hermanas como municipio de gran población. Todos los grupos insistieron en su importancia para favorecer la implicación de los vecinos y vecinas en las decisiones que se tomen en su ciudad. El reglamento de distritos ya está aprobado, por lo que desde el equipo de gobierno se vio que era una propuesta constructiva para su estudio.
Con el voto en contra de Vox, salió adelante la moción del grupo mixto del Partido Popular solicitando la aceleración de los trámites para la declaración de Dos Hermanas como Ciudad Amiga de la Infancia y la Adolescencia.
La única moción rechazada en esta sesión plenaria de enero fue la presentada por Vox en defensa de la vivienda y contra la ocupación ilegal de viviendas y edificios de titularidad municipal. Entre sus propuestas, elaborar un listado de los inmuebles que se encuentren ocupados o la puesta en marcha de acciones judiciales civiles para recuperar estos inmuebles, denunciando en los juzgados por un delito de allanamiento de morada y «poniendo en conocimiento de la Policía Nacional si están ocupadas por inmigrantes ilegales». Además, se pedía al Ayuntamiento que «no suscriba contrato alguno con okupas» y que en las bases de adjudicación de vivienda pública «figure como motivo de exclusión el hecho de que la persona interesada se encuentre ocupando una vivienda o inmueble».
Moción «en contra de los derechos humanos«, «falta de sensibilidad y carece de fundamento práctico», «moción que no hay por donde cogerla» o «un batiburrillo que mete en un mismo saco la inmigración con la ocupación» fueron algunos de los argumentos esgrimidos por el resto de grupos políticos en sus posicionamientos en contra. Un debate que no estuvo exento de tensión, como en casi todas las propuestas presentadas por la formación verde, que llevó al alcalde, Francisco Rodríguez, a pedir a los representantes del plenaria «un ejercicio de elevación espiritual para no entrar en la provocación, ya que la gente de la calle está harta de toda esta crispación». Llegando, incluso, a pedir disculpas al secretario del Ayuntamiento, por algunas afirmaciones que se pudieran verter en la misma, «ya que en este consistorio no se hace nada ilegal, sino un trabajo impecable».
