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Hoy celebramos el 36º aniversario de la aprobación de la Constitución española. El 6 de diciembre de 1978 supuso el culmen de un proceso iniciado años antes, en el que las fuerzas políticas de la transición decidieron que era necesario dotar a nuestro país de una norma jurídica suprema mediante la cual articular nuestra democracia. El sistema del que nos dotamos ha permitido una próspera convivencia, aunque el análisis de la situación actual nos lleva a entender que nuestra Carta Magna debe ser reformada.

Nuestra Constitución establece que España es un Estado Social y de Derecho, siendo los valores fundamentales de nuestro Ordenamiento Jurídico la igualdad, la libertad, la justicia y el pluralismo político. A continuación reconoce una serie de Derechos Fundamentales (derecho a la vida, libertad ideológica, derecho de reunión, a la tutela judicial efectiva, etc.) que gozan de una especial protección, y que hacían de nuestra Constitución una norma moderna y avanzada en su contexto socio-temporal, modelo del nuevo constitucionalismo universal.

No podemos olvidar que veníamos de una dictadura en la que la ciudadanía estaba sometida al arbitrio y voluntad de quienes ostentaban el poder en base al uso de la fuerza y la represión.  

Pero en la actualidad se ha comprobado que esta enumeración es insuficiente, los derechos de contenido social deben acceder al mismo nivel de protección y garantía que los anteriores. La protección de la salud y la Seguridad Social, especialmente lo relativo al derecho a obtener una pensión que permita el retiro; la protección del medio ambiente; el derecho al trabajo y a una remuneración suficiente o los servicios sociales, no pueden estar sometidos a la voluntad del gobierno de turno sino que deben gozar de un blindaje tal que garantice por mandato constitucional su preservación, a través de una suficiente dotación presupuestaria.

La democracia representativa se sustenta sobre un frágil pilar, el de la confianza de la ciudadanía en que los cargos públicos los representen a ellos y a sus intereses, sin caer nunca en el mandato imperativo. Durante todos estos años hemos visto cómo se ha abusado de esta representatividad y que, en algunos casos, mecanismos como el aforamiento, pensados para garantizar la independencia de nuestros representantes, han servidos para garantizar la impunidad de algunos. Es por esto por lo que debemos trabajar en un doble sentido: mejorar la representatividad de nuestras Cámaras, especialmente el Senado; racionalizar ciertos privilegios con los que han contado los cargos públicos a lo largo de estos años, debido tanto a que el contexto que justificó su creación no es el actual como el abuso que ha existido de su uso en ciertas ocasiones. Debemos avanzar en lo que respecta a la participación ciudadana de forma que se garantice su uso real, útil y eficiente por parte de la ciudadanía y debemos mejorar en transparencia. La luz es el mejor desinfectante y nuestros representantes públicos no deben temer al escrutinio pormenorizado de sus actuaciones.

En cuanto a nuestro modelo  territorial, el tiempo ha demostrado que se trata un sistema que ha servido durante décadas como marco de convivencia de los territorios y personas que conforman nuestro Estado, pero en la actualidad debe ser revisado. Arrojemos luz a un modelo que el constituyente de nuestra amada izquierda, por el sacrificio del consenso, no se atrevió a abordar. Debemos avanzar hacia un Estado federal, un Estado que nazca de un nuevo pacto ciudadano.

Debe haber una delimitación clara de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, evitando duplicidades y garantizando el funcionamiento eficiente de las Administraciones. Esta reforma debe ser ambiciosa, avanzando en el camino del municipalismo en un verdadero compromiso constitucional que blinde las administraciones más cercanas y sensibles al bienestar de la ciudadanía, maltrecho ahora por el arbitrio de tan tirana mayoría absoluta.
Pero, sobre todo, debemos conseguir un sistema de financiación justo preservado de los vaivenes gubernamentales. Un sistema de financiación que garantice la suficiencia de recursos de todos los territorios bajo una premisa, la solidaridad efectiva.

El mecanismo central de esta revolución federal y de garantía financiera que permita la representación de los territorios tiene que ser el Senado, que debe dejar de tener un papel residual de segunda lectura, de quasi-cementerio de elefantes, para ser verdadera cámara de representación territorial con voluntad articuladora del nuevo federalismo.

Por todo esto, desde Juventudes Socialistas de Dos Hermanas entendemos necesaria la reforma de nuestra Constitución. Tenemos que corregir aquellos desequilibrios que, a lo largo de su vigencia, ha demostrado tener nuestra Constitución. Aunque también debemos reconocer, no cayendo en las condenas injustas que hacen otros, que nos dotó de un marco de convivencia en el que se ha desarrollado la etapa democrática más larga y próspera de nuestro país.