Plena Inclusión Andalucía, federación andaluza que agrupa a 125 entidades de personas con diversidad funcional, ha solicitado a la Junta de Andalucía una desescalada acorde con la naturaleza de estos centros por la pandemia del Coronavirus.
Esta entidad, a las que pertenecen las entidades de Dos Hermanas Asas Inclusión Activa, Anidi y la Residencia de Gravemente Afectados de La Motilla, ha emitido una carta al consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre. En ella reclama una adecuación de lo previsto en la orden de 19 de junio de 2020 a la naturaleza de las actividades de los centros ocupacionales y los centros de día que atienden a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
Los servicios y apoyos que estos centros ofrecen a este colectivo, explica esta federación, «no pueden ser tratados en ningún caso desde la perspectiva de la atención sanitaria, sino como un modelo de intervención social, ciudadana y de calidad de vida«.
Por lo que las disposiciones «no contemplan la realidad de estos centros y de sus usuarios, muchos de los cuales no admitirán el uso de mascarillas, tanto en el transporte, como se exige, como en las instalaciones del centro», afirman. Lo que tampoco podrá solucionarse a través de la imposición, puesto que son personas que precisan de apoyos intensos y permanentes y, en algunos casos, presentan también trastornos de conducta que dificultan aún más el seguimiento de estas medidas. Otra realidad no contemplada tiene que ver con el cumplimiento de la distancia de seguridad, «poco viable en los apoyos necesarios que se prestan a las personas usuarias de estos centros».
De esta forma, Plena inclusión Andalucía traslada en su escrito al consejero la necesidad de una desescalada acorde y que tengan muy en cuenta las siguientes circunstancias y demandas. Como el hecho de que muchas instalaciones son compartidas por los centros ocupacionales, de día y los residenciales, por lo que es prácticamente imposible garantizar que no exista contacto físico entre los usuarios de los centros y las residencias.
Otras medidas para la desescalada
También se plantea la imposibilidad por parte de las entidades sin ánimo de lucro de «correr con los gastos de inversión que requieren las medidas exigidas». Esto es, equipos de protección individuales y de limpieza e higienización de instalaciones. Ya que, la provisión de material preventivo por parte de la administración regional «ha sido escasa e insuficiente», por lo que las entidades han tenido que adquirir estos medios de prevención por su propia cuenta, sin que aún se haya establecido cómo se compensará el coste que ha supuesto.
Además de la necesidad de que se hagan test a todos los usuarios y profesionales por parte de la sanidad pública y de manera periódica. Así como el establecimiento de un canal ágil y eficaz de contacto inmediato con los sistemas sanitarios que resuelva cualquier duda, incidencia o riesgo, en esta desescalada acorde con su realidad.
Dada la imposibilidad de establecer medidas que garanticen la ausencia de riesgos, aseguran desde la federación, muchas familias retrasarán la incorporación de sus familiares a estos centros. Por lo que Plena inclusión Andalucía reclama el establecimiento de una nueva regulación que contemple estas decisiones sin que ello conlleve a la pérdida de la plaza o cualquier otro tipo de penalización.
Las entidades titulares de los servicios, concluye, «no tendrán responsabilidad alguna en caso de posibles contagios por Coronavirus, ya que pedimos la adopción de una postura que comprenda que el riesgo cero de contagio en estos centros es inviable dadas las circunstancias y características explicadas».
