El gobierno de Rajoy sigue imparable con su agenda de reformas. Uno de los últimos ha sido el que ha sufrido la Ley Orgánica del Poder Judicial, un texto que ha sido modificado en tiempo récord (a penas unos días).
Entre las novedades más importantes que se introducen en este texto está el fin de la justicia universal, algo a lo que se oponen tanto jueces como fiscales, además de las diferentes organizaciones en defensa de los derechos humanos. El fin de esta justicia universal significa que a partir de ahora los jueces españoles ya no podrán investigar crímenes contra la humanidad cometidos fuera del territorio de nuestro país.
Dicen las malas lenguas que el gobierno de Rajoy cede así a presiones de países extranjeros. Concretamente hay quien defiende que lo hacen para evitar un conflicto internacional con China, ya que actualmente se encuentra abierto en la Audiencia Nacional un procedimiento contra ex dirigentes del Partido Comunista Chino por el genocidio en el Tíbet.
En cualquier caso, lo único que es cierto es que el fin de la justicia universal da carpetazo a otros procesos que se han iniciado en los tribunales españoles como por ejemplo el juicio contra ocho ex altos cargos de Guatemala por genocidio, terrorismo y torturas; el caso que investiga a 28 miembros del Ejército de Argelia y miembros de seguridad del Frente Polisario por el genocidio y desaparición de ciudadanos en Sáhara; los vuelos de la CIA que supuestamente hicieron escala en España mientras transportaban a detenidos terroristas; o el juicio contra tres militares estadounidenses por la muerte del cámara de televisión José Couso en Irak, entre otros.
Con esta reforma, los derechos humanos quedan en un segundo plano. Algunos crímenes contra la humanidad o que afecten seriamente a los derechos humanos dejarán de ser perseguidos. No obstante, no podemos permitir que un crimen de este tipo quede impune porque se haya cometido un metro más allá de nuestras fronteras. No debería importar que no hayan sucedido dentro de nuestro país.
Los Juzgados y Tribunales españoles deben estar capacitados para investigar este tipo de delitos, pues se trata de crímenes contra la humanidad, crímenes muchas veces dirigidos contra los más débiles, contra las minorías o contra los más indefensos. Las víctimas de estos crímenes deben encontrar amparo en el sistema judicial español, los derechos humanos deben primar por encima de todo, deben ser defendidos por todos los países.
Desde Juventudes Socialistas de Dos Hermanas rechazamos el fin de la justicia universal. Debemos recordar que España es uno de los países que ha asumido como propios los tratados internacionales de derechos humanos; una adhesión que implica proteger estos derechos por encima de todo, incluso por encima de cualquier delimitación geográfica. Los derechos humanos son universales, por lo que todos y todas estamos obligados a defenderlos. De este modo, si alguno de nuestros jueces y fiscales tiene conocimiento de una violación flagrante de estos derechos también está en la obligación de investigarlo, aunque haya ocurrido a miles de kilómetros.
