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Llevamos casi cuatro años padeciendo a nivel mundial el enriquecimiento ilícito y el incremento desmesurado de las grandes fortunas ostentadas por los bancos, entidades financieras y oligopolios empresariales, a costa de sectores más necesitados de apoyo y protección social.

Las medidas de reforma laboral adoptadas por el gobierno del PSOE en esta última legislatura, han dejado las manos libres a la derecha más recalcitrante, que amparándose en las tasas de desempleo amenazan con continuar desmantelando todas las conquistas.

Europa se ha convertido en un territorio hostil para la globalización de los derechos sociales, sus mandatarios se alían con la estrategia de los mercados para eliminar de un plumazo los servicios públicos y el estado de bienestar.

Las situaciones de precariedad conllevan casi siempre una disminución paralela de derechos y libertades.

Y en estas circunstancias son siempre sus componentes más débiles las y los que sufren las peores consecuencias: la juventud y las mujeres.

El año 2011 mostró el ascenso imparable del paro femenino, un mayor porcentaje en trabajos a tiempo parcial de las mujeres y una desigualdad salarial en aumento.

Para colmo 2012 se nos presenta con una reforma laboral que incide directa y más crudamente contra la estabilidad y la calidad en los empleos de las mujeres.

El PP en una muestra clara de su concepto patriarcal de la sociedad, paraliza la Ley de Dependencia para que directamente seamos las mujeres las que ya, sin soporte alguno, continuemos ejerciendo de cuidadoras de hijas e hijos y familiares dependientes.

Después de 25 años, conseguimos una Ley de interrupción voluntaria del embarazo que no contentaba a nadie por las restricciones que la ley planteaba a la libertad individual de las mujeres y por su enfoque paternalista; no obstante, supuso un avance en algunas reivindicaciones del movimiento feminista. Ahora el PP pretende de nuevo volver al pasado, adaptándose a los deseos de la iglesia católica y cuestionando nuestra capacidad para tomar decisiones sobre nuestra propia vida.

El feminismo está y ha estado siempre del lado de lo público, no sólo reivindicando legítimamente el papel activo y visible de las mujeres en ese espacio, sino también como concepto político. Hemos sido siempre conscientes de que el Estado debe garantizar todos los principios de transversalidad que reafirmen el bienestar e igualdad de la ciudadanía.

En muchas autonomías, gobernadas tanto por el PSOE como por el PP, o se han desmantelado organismos de igualdad y clausurado recursos, o se han aminorado sustancialmente los apoyos económicos para el mantenimiento de programas destinados a la igualdad.

Desde IU luchamos no sólo para que no se eliminen ni uno de nuestros derechos, sino además para que haya un aumento presupuestario real e importante en políticas específicas de igualdad.

Exigimos:
Que se incorporen medidas efectivas para la integración de las mujeres en el mercado de trabajo, en condiciones de igualdad, tanto salariales como profesionales.

Que se articulen medidas que consoliden el reparto familiar y social del cuidado de la infancia y las personas dependientes universalizando los servicios públicos.
Que se reconozca la contribución económica de las mujeres en los trabajos no reconocidos como productivos (crianza, cuidado, tareas domésticas, etc).
La asignación del 5% del total del Presupuesto a políticas “mujer” específicas y transversales.

El derecho a la Interrupción Voluntario del Embarazo, de forma libre y a cargo de la sanidad pública.